Los Bonares son bonos soberanos argentinos en dólares emitidos bajo legislación argentina, mientras que los Globales replican exactamente la misma estructura de cupones, plazos y amortizaciones, pero bajo legislación del Estado de Nueva York. Ambas familias surgieron simultáneamente de la reestructuración de deuda de 2020, en la que se ofrecieron series espejadas bajo ambas jurisdicciones como parte del menú de opciones para los distintos tipos de acreedores involucrados en el canje.

La diferencia legal no es un tecnicismo menor: bajo ley extranjera, cualquier modificación posterior a los términos del bono (una eventual reestructuración) requiere el consentimiento de una mayoría calificada de tenedores, según las cláusulas de acción colectiva (CACs) pactadas en el prospecto de emisión, y toda controversia se resuelve en tribunales de Nueva York, fuera del alcance de decisiones unilaterales del Congreso o el Poder Ejecutivo argentino. Bajo ley local, en cambio, el propio Estado argentino, mediante una ley del Congreso, puede en principio modificar las condiciones de la deuda con mayor margen de maniobra, sin necesariamente requerir el mismo nivel de consenso previo con los acreedores ni litigar en una jurisdicción extranjera.

Esta asimetría de protección legal se traduce en un diferencial de precio conocido como spread legislativo: en igualdad de flujos de pago, el Global de una serie determinada suele cotizar por encima de su Bonar equivalente (es decir, rendir menos), reflejando la prima que el mercado está dispuesto a pagar por la mayor seguridad jurídica de la ley extranjera. Este spread no es constante: se amplía en contextos de mayor incertidumbre política —cuando el mercado percibe mayor probabilidad de que el Estado utilice su margen de maniobra bajo ley local— y se comprime cuando esa percepción de riesgo baja.

El caso de las reestructuraciones soberanas argentinas de las últimas dos décadas es el ejemplo de referencia que usa el propio mercado para calibrar este spread: los tenedores de bonos bajo ley extranjera de reestructuraciones previas tuvieron, en general, mayor poder de negociación frente al Estado deudor —incluyendo instancias judiciales extensas en tribunales de Nueva York— que los tenedores de instrumentos bajo ley local, lo que quedó internalizado en cómo el mercado sigue valuando esta diferencia legal hoy.

Un matiz adicional: el spread legislativo tiende a ser más amplio en los tramos largos de la curva (vencimientos más lejanos) que en los cortos, porque el riesgo de que ocurra un evento de reestructuración dentro del horizonte de vida del bono es, naturalmente, mayor cuanto más lejano está el vencimiento —lo que hace que la protección legal adicional de la ley extranjera se valore proporcionalmente más en esos plazos—.