En 2025, el gobierno de Donald Trump dio un giro inesperado en su enfoque económico: comenzó a tomar participaciones accionarias en empresas estratégicas, como parte de una nueva política industrial que busca alinear los intereses del sector privado con los objetivos del Estado. Esta estrategia, si bien marca una ruptura con el tradicional modelo estadounidense de no intervención directa en el capital empresarial, ha sido bien recibida por el mercado.

El primer movimiento de este tipo se dio en julio, cuando el Departamento de Defensa invirtió USD 400 millones en MP Materials, convirtiéndose en su mayor accionista con una participación del 15%. La empresa, que opera la segunda mina de tierras raras más grande del mundo en California, utilizará los fondos para expandir su producción doméstica.

Esta iniciativa se relaciona con el objetivo de reducir la dependencia de China, que actualmente provee cerca del 80% de los elementos de tierras raras utilizados en Estados Unidos. Estos materiales son esenciales para la industria tecnológica y, en particular, para el Departamento de Defensa, que los utiliza en la fabricación de armamento.

En los tres meses que pasaron desde el anuncio, la valuación de MP Materials se incrementó un 155%, alcanzando los USD 12.500 millones.

Un mes después, en agosto, Trump anunció un acuerdo con Intel, el mayor fabricante de chips del país. El gobierno adquirió una participación del 10% como parte de un acuerdo para destrabar los importantes subsidios del CHIPS Act, aprobado durante la administración Biden y fuertemente criticado por Trump por su costo fiscal. En el marco del nuevo acuerdo, Estados Unidos recibió la participación accionaria a cambio de destrabar USD 8.870 millones en subsidios.

El anuncio fue seguido por dos inversiones privadas de gran relevancia. Una semana después, el gigante japonés Softbank confirmó una inyección de USD 2.000 millones, mientras que NVIDIA sumó otros USD 5.000 millones un mes más tarde, a cambio de una participación del 4% en la compañía y el establecimiento de una alianza estratégica con Intel.

Desde el acuerdo con el gobierno, la valuación de Intel acumula un alza de 65%, alcanzando los USD 174 mil millones.

En octubre se concretaron dos nuevos acuerdos siguiendo la misma lógica de intervención estratégica. 

El primero involucra a la minera canadiense Lithium Americas. El gobierno estadounidense adquirió un 5% de participación en la empresa matriz y otro 5% en el proyecto Thacker Pass (Nevada), donde General Motors figura entre los principales inversores.

Este acuerdo permitió destrabar un crédito de USD 2.230 millones del Departamento de Energía, originado durante negociaciones bajo la presidencia de Biden, destinado a financiar la construcción de una planta de procesamiento de litio adyacente a la mina.

Nuevamente, sin necesidad de realizar una inversión directa, el gobierno accede a una participación accionaria a cambio de destrabar fondos acordados con la anterior administración. 

El acuerdo tiene el objetivo de acelerar el desarrollo de la oferta doméstica de litio, un insumo crítico para la producción de baterías eléctricas, paneles solares y turbinas eólicas.

Desde que trascendieron las negociaciones, la valuación de Lithium Americas se disparó un 157%, alcanzando los USD  1.909 millones.

El segundo acuerdo de octubre también está vinculado al sector minero. El gobierno acordó invertir USD 35,6 millones para adquirir el 10% de Trilogy Metals, una minera canadiense enfocada en exploración en Alaska. 

Esta medida busca revertir una decisión de la era Biden que había bloqueado el proyecto Ambler Road Alaska, una carretera de 340 kilómetros que conectaría una zona rica en minerales críticos como cobre, cobalto, galio y germanio.

La administración Trump anunció que permitirá avanzar con la construcción de la carretera, argumentando que el acceso a estos recursos es vital para la seguridad económica y energética del país.

Las acciones de la compañía triplicaron su valor el día del anuncio, alcanzando una valuación récord de USD 1.000 millones.

Con estos movimientos, la Casa Blanca está redefiniendo el rol del Estado en la economía, combinando subsidios estratégicos con participación accionaria. Si bien el enfoque ha generado controversias, los mercados han respondido con entusiasmo y las empresas beneficiadas han visto fuertes revalorizaciones.

Esta política industrial difícilmente se apacigüe en los próximos meses. Los contratistas de defensa, dada su estrecha relación con el gobierno y su relevancia estratégica, se perfilan como potenciales candidatos para los próximos pasos de esta nueva etapa de alineamiento público-privado.