Despejado el ruido electoral, este año las miradas estarán puestas en el desempeño legislativo del oficialismo. Será una buena medida de su poder, entendido sociológicamente como la capacidad de producir acciones en otros de acuerdo con las intenciones de uno mismo. Así, puede indicarse que tiene poder quien logra conductas en otras personas solo con el acto de una orden y, especialmente, mediante una orden sin el uso de la violencia.

Este marco conceptual puede colaborar en una mejor caracterización de un gobierno. En muchas ocasiones, se tiende a definir a un gobierno como poderoso por la capacidad de control o de daño que puede infligir a su población o, incluso, por el modo en que resulta victorioso en una elección. Sin embargo, basta pensar en ejemplos de la historia reciente para advertir que estos componentes no garantizan un funcionamiento virtuoso en el tiempo. Alberto Fernández logró una victoria abrumadora en 2019, pero la dinámica conflictiva de su coalición, unida a un liderazgo deficiente, provocó un devenir de gestión más bien fracasado. El régimen venezolano ha ido aumentando la presión —insoportable— contra su población, con limitaciones a la prensa, arrestos políticos y fraudes electorales, demostrando que, en realidad, si algo no tiene ese gobierno es poder. El autoritarismo es, en esencia, un signo de debilidad.

Son poderosos los gobiernos que, por el contrario, logran llevar adelante sus agendas de gestión, con un adecuado equilibrio entre intención y cantidad de energía requerida para alcanzar sus objetivos. Los gobiernos son burocracias complejas que deben llevar adelante trámites, incluso cuando se conducen a través de decretos. Leyes, escritos, organismos y funcionarios conforman un encadenado secuencial que debe responder a los deseos de quien emite la orden inicial, por lo que cualquier traba en esa secuencia colabora en un proceso de debilitamiento inmediato. La coalición de gobierno del mencionado Alberto Fernández no colaboraba en nada en las pocas decisiones que se tomaban; por otro lado, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Carlos Menem fueron especialmente dominantes sin que sus cadenas secuenciales interfirieran en sus intenciones originarias.

La pregunta por Milei en 2026 debe ser la misma en términos de poder. No es un listado de temas legislativos, con aprobación o no en el Congreso de la Nación, lo que ayuda a comprender el éxito o el fracaso de una gestión. Lo que se debe observar es la cantidad de energía que debe desplegar, aun en un éxito legislativo, para conseguir su misión.

La euforia electoral y la reforma laboral

No se requiere la consulta a un analista para identificar los desafíos legislativos de La Libertad Avanza en el presente año. El listado puede detallarse de manera sencilla y, sin ser exhaustivo, incluye tres elementos:

• Reforma laboral
• Reforma impositiva
• Cambios en el sistema de Justicia

Observados en secuencia, todos ellos podrían formularse bajo una misma pregunta: ¿podrá el gobierno aprobar la legislación necesaria para concretar estas modificaciones, tan esperadas por algunos segmentos de la sociedad? Esta cuestión suele estar sobrecargada por una mirada centrada solo en el resultado y no en su relación con el contexto que puede darle éxito y, especialmente, continuidad. Se consulta a profesionales sobre si se contará o no con los votos necesarios y, en todo caso, se recurre con pasión “farandulera” al rejunte de rumores y trascendidos como supuesta forma de comprender la suerte de un gobierno. Pero no es allí donde se encuentra la realidad existencial de una experiencia política legislativa, sino en la posibilidad de aprobar una ley dentro de un contexto positivo de poder que permita sostenerla en el tiempo y que sea resultado de convencimientos compartidos y no demasiado circunstanciales. La cantidad de concesiones que deba hacer ante pedidos y el tiempo que transcurra hasta su aprobación darán la medida del éxito. Una aprobación puede ser mucho y nada al mismo tiempo. La experiencia de “la 125” dejó una huella clara en la historia. El escenario se inclina hacia una aprobación, pero en un contexto que no queda del todo claro en su relación con la dominación del escenario político general.

La reforma laboral aparece teóricamente con importantes chances de avanzar, y esto se presenta como una suerte de hito en la historia política del país. Desde la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo durante el gobierno de facto de Farrell, cuando inauguró su exposición pública exitosa, la agenda de derechos laborales nunca pudo ser revisada en un sentido alternativo. Todo intento quedó siempre en el terreno de un discurso muy segmentado y, por lo tanto, marginal. Sin embargo, esta diferencia requiere componentes fundamentales de poder, en el sentido aquí expuesto, para lograr su aprobación.

Luego de la victoria electoral de octubre de 2025, los gobernadores debieron regresar al diálogo con quien pensaban casi finalizado en su gestión, por lo que esa relación, necesaria especialmente en el Senado, se basa por ahora en circunstancias que se sostienen más por la coyuntura que por un liderazgo renovado de Milei frente a ese conjunto de líderes del interior. El rol de Diego Santilli intenta cubrir esta vacante simbólica y de relacionamiento, demostrando que el gobierno comprende que no es solo sobre la base de la presión que los resultados pueden ser exitosos. Es factible pensar que este es un camino interesante para construir un poder nuevo.

Las dudas de los gobernadores pueden tener más de un motivo. El que aparece en primer término es el fiscal, debido a la modificación en la alícuota de Ganancias. Pero esto no debería considerarse más que momentáneo en esas dudas. Los gobernadores deberán dar cuenta ante sus electorados de su responsabilidad frente a lo que, para algunas de sus bases —en especial aquellos que todavía tienen bases peronistas importantes—, puede ser leído como una traición a derechos históricos nunca antes negociados. No es lo mismo un diálogo con Cornejo, de Mendoza, que con Ziliotto, de La Pampa. En el Senado, todos tienen la misma importancia, aunque distintas responsabilidades internas.

El factor opinión pública no puede comprenderse como un elemento permeable solo a procesos de propaganda. Los gobernadores peronistas deben responder ante sus electorados si permiten la reforma laboral, al mismo tiempo que considerar que, si esta acción resulta positiva para Milei, podrían estar regalándole una futura elección. El próximo año pondrán en juego bancas en el Senado provincias clave en términos de peso demográfico como Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, a las que se agregan Catamarca, Chubut, Corrientes y La Pampa. Los cálculos futuros de este juego de aprobaciones se combinan, irremediablemente, con estos otros cálculos.

Sobre la reforma laboral, el gobierno ya dejó claro su mensaje respecto de los elementos que no pueden ser alterados. No está dispuesto a modificar su propuesta sobre el fin de la denominada ultraactividad, los cálculos sobre las indemnizaciones que excluyen vacaciones y aguinaldo, y la regulación de asambleas y huelgas. Desde el peronismo llegan algunas señales positivas en propuestas relativas a favorecer el blanqueo laboral, incentivos a PyMEs y cierta regulación flexible sobre trabajadores vinculados a plataformas digitales. Para el resto, se espera una tensión máxima en el Senado y en Diputados, donde todo lo relativo a Unión por la Patria (o el nombre que adopte en la próxima elección) será la oposición más fuerte, en especial desde la provincia de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de aprobación es mayor que la de rechazo, debe comprenderse que el texto original, como suele suceder, no será el que finalmente prospere. Córdoba tiene intereses en acompañar para favorecer su perfil productivo, aunque solicitará alguna consideración sobre indemnizaciones y el sostenimiento de ciertos convenios colectivos clave para sectores locales (automotriz, alimentos, metalurgia y otros). Neuquén solicitará no alterar los convenios petroleros para Vaca Muerta, y Santa Fe mantener la ultraactividad parcial para sectores como puertos y el complejo agroexportador. Estos ejemplos demuestran que solo con acuerdos y consideraciones específicas podría alcanzarse un resultado atractivo para el gobierno. Únicamente Buenos Aires y Formosa aparecen como actores imposibles en este juego; el resto se dispone a escuchar.

Al inicio de la gestión de Milei, la negociación perdió espacio frente a la necesidad de velocidad para sorprender a los adversarios. Un decreto de alcance impresionante dejó a todo el sistema político en estado de sorpresa durante su primer verano de gobierno, pero al poco tiempo algunas inexperiencias legislativas lo obligaron a pagar costos problemáticos que, luego de haber utilizado la confrontación como modo de relacionamiento con las provincias en esos primeros meses, resultaron costosos inmediatamente después. El gobierno acaba de tropezar nuevamente con la Ley de Inocencia Fiscal cuando los bancos le señalaron problemas asociados a reglamentaciones del Banco Central. En conclusión, el gobierno funciona mal cuando actúa solo o a una velocidad incompatible con la complejidad del mundo que lo rodea. El poder es una relación que se sostiene en el tiempo y no puede ser el resultado de momentos.

Sobre impuestos y Justicia

La ilusión de alteraciones fiscales requiere formatos más específicos a futuro, aunque bajo condiciones de negociación podrían correr una suerte similar a la de la reforma laboral. A diferencia de esta, en la que los derechos laborales aún son observados como parte de la identidad adquirida del ser argentino, los impuestos molestan. Su imagen no es buena y, si algo ha logrado Milei, es demonizarlos como ejemplo de corrupción política. En términos legislativos, la carga de acompañar modificaciones, especialmente reducciones, será menos costosa en imagen, aunque obligará a las provincias a alterar sus cuentas y recursos. Quien quede del lado de sostenerlos será señalado como integrante de los “malos” en el país de los necesitados. De todos modos, la demora en ejecutar modificaciones impositivas responde más a realidades económicas que a debates ideológicos. El sistema político vive de los impuestos, incluso el sector de Milei, situación que queda en evidencia con el caso de las retenciones al agro. Esto lleva a pensar en proyectos de cambios fiscales puntuales y menos ambiciosos que los de una reforma laboral.

La lista de posibles modificaciones incluye reducciones en Ganancias para empresas, eliminación de impuestos internos (ya adheridos al proyecto de reforma laboral), evaluaciones sobre monotributo, beneficios sobre inversiones directas, impuesto al cheque, tributos municipales o incluso a los combustibles. Todo ello conforma un juego de negociaciones y detalles para evaluar entre lo local y lo nacional en un proceso interminable de idas y vueltas. Estas intenciones, seguramente, jugarán un rol en las negociaciones por la reforma laboral. Para 2026, los impuestos serán su herramienta, no para bajarlos, sino para facilitar que lo otro se consiga.

Por último, los cambios en el sistema de Justicia se presentan en condiciones similares a los de los impuestos en términos de imagen. Muy poca gente considera que la Justicia funcione de manera correcta, aunque su posibilidad de mejora está atravesada por el hecho de que quienes deberían introducir alteraciones en su estructura son integrantes de otro grupo con mala imagen: la política. A esto se suma otro elemento, ya que la lectura exterior sobre la Justicia incluye un componente que podría describirse como un cristal observador que define lo que se ve o no se ve. La Justicia es interpretada como un sistema que puede leerse en clave política: una parte kirchnerista y otra antikirchnerista. Cualquier modificación será leída bajo este prisma.

En el listado de intenciones de cambio se encuentran modificaciones al Código Penal, que incluyen penas más duras para delitos graves, la no prescripción de delitos como narcotráfico o trata de personas, cambios en procedimientos y tiempos, modernización digital, variaciones en los nombramientos e incluso debates sobre la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Todo ello conforma otro catálogo de aspiraciones ideal para futuras negociaciones. Debe comprenderse que la política propone en campaña situaciones ideales para luego negociar en el mundo real aquello que resulta posible.

Más allá de este listado interminable de componentes, debe quedar claro cuál es el bottom line de Milei. Si la economía no es bien evaluada por la sociedad, si su proyecto económico no llega al sentir general real de la experiencia de las personas, nada de esto será importante. Ningún gobierno se salva por proponer la digitalización de procedimientos dentro del sistema de Justicia o por bajar la edad de imputabilidad. La literatura sobre el tema es demasiado vasta como para seguir creyendo que la economía es solo un factor entre otros para valorar o no a un gobierno. Es, y seguirá siendo, el componente clave. Milei necesita transformar la esperanza en realidad, y 2026 concentra en esto su necesidad fundamental.

La idea de poder, entendida como la capacidad de lograr acciones en otros, debe pensarse como un vehículo para el éxito económico en un contexto complejo y negociado. Cuando se apruebe la reforma laboral, habrá que prestar atención a la cantidad de aliados o heridos que el proceso deje como testimonio. Si ocurre lo primero, se podrá pensar en un Milei proyectado hacia el futuro; si ocurre lo segundo, habrá que pensar en un Milei que no logra salir de un eterno presente en el que todo podría o no podría suceder. Las empresas y los inversores necesitan lo primero, y parece estar cerca.