Con la propuesta de expropiación de la empresa Vicentin sigue el temor a que el peronismo vaya por todo. La política discrecional del ala K del gobierno parece oponerse a la visión más moderada del Presidente Fernández. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Vicentin constituye un primer pie sobre el sistema agroindustrial?

En principio, el gobierno proyectó que la decisión iba a tener aceptación en la opinión pública. Sin embargo, la pueblada de la ciudad Avellaneda, norte de Santa Fe, hace intuir lo que representa la empresa para la comunidad y, a su vez, rememora las tensiones tradicionales entre campo y burocracia política. Pareciera que la decisión fue apresurada, sin respetar la justicia. A su vez, no es menor la estimación de costos por las expropiaciones del kirchnerismo que se establecen en alrededor de los U$S 12.000 millones.

Esta intervención no es facultad del Ejecutivo según plantea la AEA. Hay otras alternativas previas antes de decidir la expropiación, aunque el gobierno deja traslucir el vamos por todo. Posiblemente el objetivo subyacente sea la búsqueda de caja, en este caso de dólares genuinos que emergen como prioritarios en la coyuntura actual fielmente representada por la fuerte caída de la actividad y de la recaudación impositiva.

El argumento de la soberanía alimentaria en un país donde el sector privado provee una cantidad enorme de alimentos se sitúa en el plano  ideológico, en sintonía con la perspectiva bolivariana del término y por sobre la racionalidad necesaria en la decisiones de economía política.

La irrupción de la política en un sector de alta eficiencia y sobre una empresa que claramente está en problemas financieros, a pesar de que se disponen de soluciones alternativas a la intervención, tiene ciertas similitudes con eventos de la última gestión del kirchnerismo.

A su vez, este caso es una empresa que se endeudó principalmente en la gestión de Cristina Fernández. El estilo nos recuerda al avance de Kicillof cuando se estatizó YPF. Notamos, por otra parte, que el sistema de empresas públicas no está funcionando bien. De hecho, hay muchas companías estatales con déficits persistentes. Si nos trasladamos a la década de 1980, el déficit de este conjunto de empresas era notorio e inclinó la balanza política por la privatización total del sistema en los años ´90, cuyos resultados fueron valiosos en el plano del bienestar social, aunque con algunas excepciones de mal desempeño.

Recordando la resolución 125 del año 2008 decidida por el ministro Lousteau con el objetivo de captar beneficios por parte del gobierno desde el alto nivel, sin precedentes, del precio de la soja, esto puede ser un intento de Cristina Fernández a los efectos de avanzar sobre el sistema agroindustrial y sobre multinacionales de distintos sectores pues, el caso de la empresa Latam genera suspicacias sobre esta misma problemática.

Se sospecha, con cierto temor, que el gobierno intervenga empresas sustancialmente afectadas por el contexto de pandemia, más aún cuando algunas pueden llegar en concurso de acreedores y se transformen en las denominadas empresas zombis.

No debería perderse de vista el cuidado del sistema institucional, el cual es importante cuando se deben fortalecer la gobernanza y los contratos privados. Sin dudas, el camino hacia el capitalismo debe distar de estas manifestaciones que rompen los derechos de propiedad y afectan a la instituciones.Esas decisiones se sitúan en contra del capitalismo moderno el cual ha supuesto una elevación sustancial del bienestar de diversos países que lo han aplicado, desde Estados Unidos a la China post Mao.

¿Será Alberto Fernández la posición moderada que él mismo da en sus discursos a los empresarios o dominará, como ocurre en el campo de la justicia, la posición de Cristina Fernández sobre el contexto económico?. En efecto, el escenario post pandemia se puede deteriorar con decisiones abruptas e ineficientes que se alejen del campo racional.Se complican la inversión local e internacional en un país con bajísima tasa de inversión lo cual se acentuó desde la falta de incentivos durante el segundo gobierno de Cristina hasta el fracaso económico de Cambiemos.

Finalmente, se abre un camino de posibles defensas a los derechos de propiedad, similar a lo ocurrido en el conflicto con el campo durante el año 2008. En efecto, en el campo político Lavagna y Duhalde se pronunciaron en contra de la decisión del avance sobre Vicentin. Mientras que en el campo institucional, notamos que en la Cámara de Diputados hay dificultades sobre el quorum para aprobar la ley y en el Senado el proceso puede ser más directo.

Sea cual fuere el resultado de estas negociaciones, esto representa un punto de inflexión que actúa como señal de la perspectiva de la política económica que tiene esta administración sobre el sistema productivo.

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