El tipo de cambio es el termómetro de la economía en Argentina y los gobiernos intentan controlarlo. En lo que va del año, la tranquilidad cambiaria se acentúa de la mano de un dólar paralelo domado y de un dólar oficial en progresivo atraso respecto a los precios. Esta combinación está ayudando a estabilizar las expectativas de devaluación y de inflación, aunque transitamos meses con fuerte aceleración de precios. Mientras tanto, la actividad económica sigue recuperándose, y las cuentas públicas pugnan por mantener el rumbo hacia el equilibrio bajo la atenta vigilancia del ministro Guzmán. Esta coyuntura es el resultado de una combinación de factores: medidas de política explícitas acompañadas de un contexto extraordinariamente favorable y en un período donde la estacionalidad aporta viento de cola.
Por un lado, tenemos las medidas anunciadas este verano sobre la política del BCRA: el tipo de cambio oficial aumentará menos que los precios, y se espera que los precios aumenten menos que los salarios. Resultado: atraso cambiario y aumento del poder adquisitivo de los salarios, pero que también significa un aumento de los costos salariales en dólares. Ahora bien, lo que evita que todo el aumento de costos sea trasladado a precios es la competencia de los productos importados, cuyo precio depende del dólar. Si el tipo de cambio aumenta menos que los precios, los productos importados se volverán cada vez más accesibles y aumentará la competencia con los de producción nacional, conteniendo en parte la inflación. Pero para que esto funcione, hace falta que se permita importar, y para eso hace falta que los importadores puedan comprar dólares al tipo de cambio oficial. Para que esto suceda, se requiere un mayor oferta de divisas, para lo cual, a su vez, hace falta que aumenten las liquidaciones de exportaciones.
Pues bien, resulta que las medidas de política combinadas con el contexto y las circunstancias resultaron favorables. En el primer semestre del año, la liquidación de exportaciones fue mayor que en el segundo semestre por un tema estacional: la cosecha del campo y el ritmo de exportaciones de granos, oleaginosas y derivadas. En marzo el agro liquidó 2.770 millones de dólares, muchísimo más que lo que liquidó en marzo de años anteriores y muy por encima de promedio mensual de liquidación de divisas (alrededor de 1.300 millones). La extraordinaria suba de precios internacionales de la soja y el maíz explica en parte la mayor disponibilidad de divisas por exportación del agro, que compensó con creces los menores rindes de la cosecha. Esta circunstancia favorable (suerte) en el contexto de la estacionalidad de mayor oferta de divisas, se combina con la política de mayores tasas en pesos (una Badlar a 34% para bancos privados) con menor expectativa de devaluación que incentivó a retener menos grano y a pesificarse más.
Por otra parte, se verificó otra circunstancia excepcional que contribuyó a la mejora del contexto: un regalo del FMI de 4.400 millones de dólares en DEGs, que facilitan al gobierno afrontar los pagos de 2021 al Fondo sin tener que utilizar reservas internacionales del Banco Central. Además, el ministro Guzmán está de viaje por Europa trabajando sobre los pagos que hay que hacer al Club de París en mayo próximo, y también de cara a lograr un acuerdo con el FMI más adelante.
Finalmente, con un gran empujón en marzo, en lo que va del año el BCRA pudo aumentar considerablemente la compra de divisas hasta 2.266 millones de dólares para fortalecer un poco las reservas internacionales en 206 millones. No todas las divisas compradas por el Central se acumularon como reservas: una fracción fue utilizada para pagos a organismos internacionales (716 millones) y otra para venderlas al sector público (481 millones). Por otra parte, según estima Quantum Finanzas, unos 690 millones se destinaron a retirar pesos del mercado y calmar el tipo de cambio paralelo vía compra-venta de títulos públicos. Finalmente, como el dólar se apreció frente a otras monedas (parte de las reservas están en oro, otras divisas y DEGs), una porción de las reservas perdió valor por el equivalente a 476 millones de dólares, lo que fue parcialmente compensado por 303 millones de dólares en depósitos adicionales de los bancos en el Banco Central (que también se contabilizan como reservas).
Esta combinación del bienvenido ingreso de DEGs y una mayor liquidación de divisas descomprimió mucho la situación de las reservas internacionales, e hicieron más creíbles las medidas de contener el tipo de cambio. A su vez, la intervención para contener el dólar paralelo, comprando bonos con dólares y vendiéndolos con pesos, no solo sirvió para sacar pesos emitidos de circulación, sino que también logró calmar la brecha cambiaria y las expectativas sobre tipo de cambio y precios.
A esta calma se suma la sostenida recuperación de la actividad. El fuerte rebote tras el estricto y prolongado cierre en 2020, podría ser mayor al esperado inicialmente. El mayor nivel de actividad ayuda a que se recupere la recaudación impositiva. Además, los ingresos por impuestos podrían ser mayores a los inicialmente previstos: precios de exportación más altos traen mayor recaudación por retenciones, y a ello se suma la recaudación por ganancias y por el impuesto a la riqueza. El déficit fiscal podría ser menor al esperado en este contexto de mayores ingresos y donde se espera que el gasto esté contenido. La contención del gasto es condicional a que los aumentos de jubilaciones y seguridad social resulten menores a la inflación y, si Guzmán logra imponer su punto de vista, que haya menor gasto por covid y aumento de los subsidios a servicios públicos en línea o por debajo de la inflación (lo que implica ajustes de tarifas por lo menos en línea con la inflación).
Pero este “plan elecciones 2021” es amenazado por la segunda ola de Covid-19 que avanza en el mundo. La visión del Ministerio de Salud de que convendría un cierre de actividad, aunque sea temporario, para limitar la propagación de nuevas cepas de alto contagio en una sociedad aún poco vacunada. Por otra parte, el Ministerio de Economía sostiene que un cierre amenaza con reducir los ingresos y aumentar el gasto, forzando un incremento de la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, lo cual pone en peligro la estabilidad lograda en estos meses. Sin embargo, aún sin cierre oficial, una segunda ola podría afectar la actividad y deteriorar las cuentas públicas, desestabilizando el equilibrio que se está construyendo.