Algo similar sucede en el mercado de capitales, donde los inversores institucionales empiezan a darle un mayor valor a aquellos activos que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, una tendencia creciente en todo el mundo y que empieza a instalarse con fuerza en el país. Estos tres pilares, que por sus siglas en inglés se resumen como ESG (Environmental, Social, Governance) son los que definen que una inversión sea considerada sostenible por el enfoque que tengan en la selección y gestión de su cartera.

“Definitivamente hay un crecimiento constante en emisiones y en inversiones sostenibles. Cada vez hay más apetito y atractivo por parte de inversores y también de los emisores, ya sean corporaciones o gobiernos, que se están dando cuenta que no pueden quedar atrás de esta agenda”, explica Vanina Messere, jefa de Relaciones Internacionales del BICE, quien formó parte del equipo que a fines de 2018 emitió para el banco el primer bono sostenible de Sudamérica. Además, agrega, los inversores están tornándose cada vez más exigentes y quieren ver el destino de sus fondos.

Dentro de los activos que apuntan a financiar proyectos sustentables hay tres grandes ramas: los bonos verdes, que fueron los primeros en salir al mercado y que son para proyectos con un impacto ambiental positivo; los bonos sociales, con beneficios sociales propiamente dichos, como por ejemplo ciertas obras de infraestructura, seguridad alimentaria o una vivienda asequible; y bono sostenible, que es una combinación de los otros dos.

Según el último Global Sustainable Investment Review (GSIR), un informe bianual que resume toda la información sobre estas emisiones, a principios de 2018 los activos de inversión sostenibles en el mundo sumaban 30,7 billones de dólares, un aumento del 34% en dos años.

Las tres regiones más grandes, según el valor de sus activos de inversión sostenibles, son Europa, Estados Unidos y Japón, con emisiones por u$s14,7 billones, u$s11,9 billones y u$s2,2 billones respectivamente. Sin embargo, de 2016 a 2018, “la región de más rápido crecimiento ha sido Japón, seguida de Australia / Nueva Zelanda y Canadá”, explica el informe.

“En el mundo los bonos verdes representan entre el 2 y el 3% del stock global de bonos, que si bien es un número chico está creciendo muy fuerte”, aporta Marcos Ayerra, presidente de la comisión Nacional de Valores (CNV).

Según cuenta Ayerra, la mayor cantidad de activos que hay en el mundo en relación a los criterios ESG (ambiente, social y de gobernanza) son los que cumplen con la G, o sea de empresas de buenas gobernanzas. “El tema de gobernanza está creciendo muy fuerte en el mundo porque está claro que paga al inversor y es necesario que integren la parte de sustentabilidad a su estrategia de negocios, además del tema de ética”, agrega el titular de la CNV.

En ese sentido, en el plano local, BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) lanzó a finales de 2018 un Panel de Gobierno Corporativo, que incluye acciones de compañías ya listadas, que voluntariamente adoptan prácticas de gobierno corporativo adicionales, más allá de las requeridas por la legislación argentina. Diez días antes, en un trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BYMA había creado el primer Índice de Sustentabilidad local, con el objetivo de identificar y destacar a las empresas líderes en materia Ambiental, Social, de Desarrollo Sustentable y de Gobierno Corporativo.

Según explica Julieta Artal, responsable de Gobierno Corporativo de BYMA, el índice está compuesto por 15 empresas y se rebalancea una vez por año, en línea con la difusión por parte de las empresas de su Reporte de Sustentabilidad, su Reporte Integrado y sus política y estrategias ya sea a través de su página web, su memoria, u otros canales. “Ahora estamos trabajando en el segundo rebalanceo y vemos un mayor interés: hay empresas que por ejemplo este año están reportando esa información, que el año pasado no lo hacían”, destaca.

Para esto trabajan con la tecnología de Refinitiv (antes Thomson Reuters), que con más de 400 métricas analiza a las emisoras de acuerdo con su desempeño de ESG y proporciona calificaciones objetivas basadas en fuentes de acceso público.

Luego, el 20 de marzo de este año, fue el turno de la CNV, cuando emitió la Resolución General 788 con los “Lineamientos para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina”, lo que aportó un marco más propicio para el desarrollo de estos instrumentos.

Pero un año antes de estos eventos, algunos bancos y dos provincias emitieron activos sustentables, pero colocados íntegramente a bancos de inversión o en el mercado extranjero.

Se trata del Banco Galicia, que emitió un bono verde por u$s100 millones, con el aporte deI IFC (Internacional Finance Corporation), el brazo del Banco Mundial; el Itaú, que recibió un préstamo “verde” de la misma institución por u$s50 millones; dos títulos que se suman a los u$s30 millones que emitió el BICE, que en su totalidad fue suscripto por BID Invest.

En tanto, en 2017, La Rioja colocó un bono verde por u$s200 millones para financiar la ampliación del Parque Eólico Arauco Sapem y Jujuy captó u$s210 millones para el parque solar de esa provincia, pero ambos en el mercado internacional.

“Creo que hay una falta de productos debido a que los las pocas emisiones que hubo han sido private placement, compradas básicamente a bancos por parte de organismos multilaterales como el IFC y el BID y las dos emisiones de bonos verdes de provincias fueron colocadas cross border, con lo cual el inversor local, todavía no ha tenido la posibilidad de invertir en estos instrumentos”, analiza Pablo Cortínez, director del Programa Ejecutivo en Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles de UCEMA.

Para Marcos Ayerra, “el gran desafío de Argentina es que haya un mercado local”, y también destaca que todas las emisiones que se hicieron fueron suscriptas por organismos multilaterales o inversores internacionales. “Nuestro gran desafío y el motivo de nuestra emisión de guías y el segmento de negociación de BYMA es que haya un mercado local. Hay muchos emisores potenciales e inversores”, agrega.

Para Cortínez, que con su experiencia en el mercado de capitales también es coordinador de Negocios y Ambiente de la Fundación Vida Silvestre este tipo de activos son ideales para “inversores de largo plazo, inversores institucionales que en el exterior ya tienen ciertos compromisos de hacer su cartera más verde, invirtiendo en ciertos tipos de instrumento”.

En el plano local, agrega, “todavía no se ha dado, pero sí podría empezar a darse principalmente de la mano de aquellas compañías de seguro que tienen casas matrices en el exterior que ya lo están haciendo”.

En la misma línea, Ayerra, sostiene que “hay inversores como las compañías de seguro internacional Zurich o Mapfre, en donde sus dueños ya han firmado los PRI, con lo cual la subsidiaria local puede decir que desde el exterior le piden que busque este tipo de activos”. Es decir, cuando haya activos etiquetados va a haber inversores locales que son de multinacionales y que van a estar buscando este tipo de activos por mandato de inversión.

Además, tanto Cortínez como el presidente de la CNV coinciden en que el FGS puede ser un jugador activo invirtiendo en este tipo de instrumentos. “El FGS ya manifestó que tiene un mandato de invertir hasta el 5% en temas de infraestructura y que, por supuesto este tipo de inversiones que son de buena calidad las puede mirar”, comenta Ayerra.

Si bien las empresas relacionadas con energía renovable tienen gran potencial para emitir de manera activa este tipo de activos, Cortínez asegura que también van a ganar protagonismo sectores como el sector agropecuario, el forestal o el pesquero, por citar algunos ejemplos. “Van a necesitar cambios en la matriz productiva, para producir de una manera más eficiente y sustentable, teniendo certificaciones de sustentabilidad. Y todo eso necesita ser financiado”, comenta.

Así, de a poco el mercado comienza a tomar color. Según adelanta Vanina Messere, el BICE, tiene en carpeta hacer una nueva emisión internacional, esta vez abierta, “pero cuando las circunstancias del mercado también lo habiliten”. El monto a colocar aún no está definido, pero por los costos asociados que implica una emisión en el exterior, la misma no sería menor a u$s200 o u$s300 millones, agrega.

Por su parte, BYMA, hace tres semanas aprobó el Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables, que ya tiene el visto bueno de la CNV para listar Obligaciones Negociables y que va a ampliarse a fideicomisos financieros y Fondos Comunes de Inversión. En el reglamento incluyeron la posibilidad de relistar alguna emisión para poder incluir a cualquier activo que ya haya sido colocado, siempre y cuando cumpla con los requisitos del panel.

“Hoy por hoy atender a esas cuestiones es clave, cada vez más va a ser una necesidad”, destaca Messere “En definitiva -agrega- va a llegar un punto de inflexión en el que todos viren hacia proyectos de una u otra forma sostenibles”.

Todo parece indicar que los organizadores ya marcaron la cancha. Hay jugadores que de a poco empiezan a entrar en calor. Sólo falta que se despeje el panorama, y mejoren las condiciones climáticas para que la pelota empiece a rodar.

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