El politólogo canadiense David Easton, considerado uno de los padres de la ciencia política moderna, definía a todo sistema político de una manera muy sencilla: lo presentaba como una suerte de caja negra donde ocurre una serie de interacciones entre diferentes individuos y que recibe dos tipos de inputs, apoyos y demandas ciudadanas, y que produce un solo tipo de output: decisiones políticas.

Se vuelve interesante volver a la clásica y sencilla definición de Easton debido a que resulta muy útil para entender la verdadera naturaleza de la situación política en la Argentina. Ya que hoy nuestro sistema, producto de un lento pero progresivo proceso de descomposición del ciclo político (debilitamiento de la coalición gobernante), ha quedado incapacitado para producir decisiones. Incapacidad que sobreviene en un momento en donde la economía necesita con urgencia precisamente de decisiones.

Como consecuencia de ello, nos encontramos atravesando una exasperante transición donde la coalición de gobierno solo se dedica a administrar la coyuntura (cuidados paliativos para un paciente en terapia intensiva), a la espera de que el proceso electoral reconfigure las condiciones políticas (se defina un nuevo equipo médico), y así poder saber cuáles serán las condiciones para la toma de decisiones y cuál será la orientación de esas decisiones (es decir, cuál será el tratamiento que se le brindará al paciente para sacarlo de esta situación y que fortaleza tendrá el equipo médico para sostener ese tratamiento).

En un contexto donde la coalición de gobierno ha ido perdiendo futuro (aumentaron las chances de no reelegir), su capacidad, interés y conveniencia para tomar decisiones se ha ido acotando al corto plazo. Esta relación directa entre el plazo de vida política y el plazo de adopción de decisiones ha puesto a la coalición de gobierno a administrar la coyuntura, pateando la resolución de problemas de mediano y largo plazo, y buscando solo llegar a cumplir el plazo legal del mandato sin sobresaltos (Plan Llegar).

La aceleración de la inflación al comienzo de este 2023 está aportando algunas certezas respecto del proceso electoral. La inflación de 6% en enero y de 6,6 en febrero ha achicado los márgenes para que el oficialismo pueda recuperar competitividad electoral en un contexto adverso de cara a la elección presidencial. Por otra parte, ha aumentado el riesgo de que el oficialismo enfrente una derrota de mayor magnitud a la sufrida en 2021, porque la inflación afecta (y preocupa) sobre todo a su base electoral. Y la combinación de ambos factores ha reducido la posibilidad de que Sergio Massa, el candidato que más expectativa generaba en el oficialismo, asuma el liderazgo de la oferta electoral del Frente de Todos.

Si la foto es mala para el oficialismo, la película por delante se ve aún peor, lo que alimenta la expectativa de su derrota. El FMI acaba de aprobar la IV revisión del EFF que tiene firmado con la Argentina para autorizar nuevos desembolsos que permitirán afrontar los compromisos de deuda del anterior Stand By firmado por el país en 2018. Pero a cambio de concederle un relajamiento en la meta de reservas a acumular en el año, contemplando el impacto que la sequía tendrá en la generación de dólares por la caída de la exportación de granos, le reclamó al gobierno más disciplina para seguir adelante con el ajuste fiscal, el aumento de tarifas, el recorte en el gasto social y el recorte en obra pública. Exigencias que configuran un programa económico muy poco conveniente para encarar una elección presidencial, y que ofrece escaso margen para la persecución de objetivos electorales.

Estas circunstancias explican por qué el kirchnerismo buscará evitar ponerle el cuerpo a la elección. Y ayudan a entender por qué, desde ese sector, florecen elogios exagerados a la candidatura de Massa. Tienen temor de que se arrepienta y no quiera serlo. Cristina y su gente tienen cero incentivo para exponerse a una derrota que pudiera ser histórica para el peronismo. Será muy difícil despegarse del voto castigo a los malos resultados de gestión de Alberto Fernández y ese castigo podría dejar evidencia inconveniente sobre el verdadero capital político de la vicepresidenta que pretende liderar la oposición si es que toca entregar el poder.

Por ello se entiende que la estrategia electoral deseada por el kirchnerismo será la de lograr una fórmula de consenso con alguien que no sea un dirigente identificado con la vicepresidenta (Axel Kicillof o Wado de Pedro), y Massa es quien hoy puede garantizar la mejor derrota, para facilitar el ingreso de mayores legisladores que ayuden a la tarea opositora posderrota.   

Como contraparte a esta delicada situación del oficialismo, la probabilidad de que haya alternancia política en diciembre ha aumentado, lo que obliga a mirar con detenimiento qué ofertas sobresalen del universo opositor. Un universo que hoy se divide, no en términos iguales, entre la oferta que representa Juntos por el Cambio, el principal actor opositor, y Javier Milei, quien ha logrado protagonizar la escena a fuerza de juntar una veintena de puntos porcentuales de intención de voto.

Por ahora, el menor caudal electoral de Milei y el por ahora mayor caudal electoral de Juntos por el Cambio, aunque ha venido bajando en los últimos meses, preconfiguran una escena en donde los trazos gruesos nos indican que quien se imponga en la interna de Juntos por el Cambio tendría las mayores chances de convertirse en presidente. 

Allí todavía restan definiciones por tomarse. Fundamentalmente restan que se formalicen acuerdos políticos que producirán una reducción de la oferta electoral dentro del espacio. Ese proceso podría ir clarificando la competitividad de cada uno de los principales candidatos del espacio y la escena. Esta claridad sobrevendrá necesariamente el 24 de junio próximo, último plazo para la oficialización de las candidaturas.

Al mismo tiempo, esos trazos gruesos del escenario electoral nos indican que el proceso electoral podría llegar hasta el último turno, es decir podría definirse en una segunda vuelta, ya que nadie junta lo necesario para imponerse en una primera vuelta. Sin embargo, buena parte de toda la incertidumbre que hoy hay en el escenario se podría despejar entre el 24 de junio y el 13 de agosto, fecha en que se definen los competidores de la elección general.

Un pequeño aliciente, esto último, que nos permite tener la esperanza de que buena parte de esta incertidumbre hegemónica que hoy nos gobierna pueda ir despejándose en poco más de 5 meses. Y así finalmente saber si la política va a poder ayudar a configurar condiciones propicias para poder atender los problemas urgentes que afectan el desempeño económico. Porque en última instancia el problema es económico, pero es en buena parte de origen y de resolución política. Solo resta saber si la política dará las respuestas que la economía necesita. De eso se trata este 2023.