Inesperadamente, y con el supuesto afán de apurar la aprobación de la ley Ómnibus, el Gobierno retiró las medidas fiscales que iban a ayudar a llegar al equilibrio fiscal en 2024. Específicamente, dejarían de considerarse los aumentos de derechos de exportación (0,5% del PBI), el cambio en la fórmula jubilatoria (0,4%) y el combo blanqueo, moratoria y bienes personales (0,5%), los cuales sumaban, según estimaciones oficiales, cerca de un 1,4% del PBI de mejora. Esto se da luego del cierre fiscal 2023, que mostró un déficit financiero del 6%, 1 pp por encima del estimado originalmente, y en un contexto donde la recesión comienza a sentirse y tendría rápido impacto en los ingresos del Estado (en torno al 1% del PBI). Así, se acumularían casi 2,5% del PBI de nuevos ahorros necesarios para llegar al objetivo: 1,4% del paquete fiscal y 1% por recesión no estipulado por el Gobierno. En este marco, el ambicioso objetivo de resultado equilibrado en términos financieros –uno de los pilares del programa económico– seguiría manteniéndose, pero la incertidumbre ha crecido en torno a ello y las dudas se acrecientan respecto de la capacidad de conseguir un ahorro semejante. 

El déficit fiscal en Argentina ha contribuido sucesivamente a las crisis macroeconómicas, ya sea por exceso de deuda (local y/o externa) y posteriores crisis en ese sentido, o por falta de financiamiento, emisión monetaria y períodos de alta inflación. La falta de planes económicos robustos y sostenibles, en conjunto con la incapacidad de mantener las cuentas equilibradas ante las múltiples demandas sociales y la visión electoral cortoplacista, llevan una buena parte de la explicación. En la actualidad, el contexto de bajo acceso al mercado de deuda y las obligaciones pendientes, sumado al desequilibrio monetario acumulado durante estos últimos años (los intereses de los pasivos monetarios pagaron en 2023 el 8,6% del PBI, superior a la asistencia del Tesoro en 2020, pandemia, con el 7,4% del PBI) que aceleraron la inflación y empujaron la brecha, obligan a pensar en la necesidad de revertir el rumbo.

La baja del capítulo fiscal obliga a considerar distintas líneas de acción posibles, ya sea con el Gobierno intentando cumplir el objetivo a toda costa o, en otro escenario, con exigencias más laxas y postergando el equilibrio fiscal para el siguiente año, teniendo cada uno sus costos. Las opciones serían: a) un recorte de gastos más agresivo, en combinación con alguna mejora extra de ingresos; b) una nueva devaluación que modifique las condiciones macroeconómicas con impacto tanto en ingresos como en gastos; c) mantener déficit durante 2024 (más acotado que el año previo) y seguir utilizando al BCRA como herramienta de financiamiento.

Un recorte del gasto más agresivo que el planteado originalmente, abordando partidas como jubilaciones (que vienen cayendo sostenidamente desde 2017), transferencias a provincias (que llegarían casi al total), salarios públicos, obra pública (con fuertes efectos en el empleo) y tarifas reguladas (energéticas, transporte e ¿impuesto a los combustibles?), podría "cerrar el Excel" y, a su vez, aportar a una baja de la inflación y la brecha. Sin embargo, esto también generaría una mayor recesión y menor consumo, lo que plantearía una sostenibilidad política (gobernadores, gremios, partidos opositores) y social muy frágil, pudiendo ponerle un límite al plan.

Concretamente, las siguientes partidas, algunas ya esbozadas por el Gobierno, deberían contraerse aún más: jubilaciones, originalmente un ahorro del 0,4% del PBI (6,2% en 2023 y en caída continua hace años); transferencias corrientes a las provincias, originalmente un ahorro del 0,5% del PBI (0,8% del valor en 2023), lo que implica un fuerte recorte, especialmente en la Provincia de Buenos Aires; obra pública, originalmente el 0,7% del PBI (fue del 1,6% en 2023); subsidios, donde se preveía un ahorro del 0,7%, pero con un ajuste tarifario más agresivo podría ser mayor (fueron del 2,1% en 2023); salarios y gastos de funcionamiento, donde se proyectaba un 0,5% del PBI (este gasto llegó al 3,3% en 2023). Además, hay ruido en torno al impuesto a los combustibles, que podría ser actualizado y aumentar considerablemente la recaudación, sumando un extra del 0,5% del PBI. Haciendo todo este esfuerzo, se cree que igualmente el Gobierno no podría alcanzar el equilibrio financiero.

Por su parte, una nueva devaluación tendría efectos macroeconómicos relevantes, con impactos sociales, económicos y fiscales. En este último plano, se generaría un impacto neto positivo en los ingresos a través de mayores retenciones e impuesto PAÍS, aunque atenuado por el aumento de costos en subsidios y la caída de la recaudación debido a la recesión. Además, la aceleración inflacionaria nuevamente podría licuar gastos, ayudando también a la baja del déficit. La contrapartida es evidente y vendría por el lado económico y social, con un nuevo shock inflacionario y profundización de la recesión, mayor aumento del desempleo y un contexto de pobreza muy frágil, lo que debilitaría sensiblemente la imagen del Gobierno. En este sentido, un nuevo salto cambiario sin sustento ni medidas robustas detrás que amortigüen el impacto podría complicar la sostenibilidad del programa económico.

Finalmente, otra línea que no hay que dejar de analizar es aquella en la que el gobierno reconoce que no es posible llegar al equilibrio financiero en 2024 y se plantea una llegada gradual al mismo (¿hacia 2025?). Los costos del déficit vendrían por el lado del financiamiento, donde correría riesgo de profundizarse el desequilibrio monetario si no se plantea un plan consistente de convergencia. Esto traería consigo una inflación sostenidamente alta, mayor brecha y tasas de interés más altas (para buscar mayor financiamiento local y tratar de atenuar la brecha), sumado a un tipo de cambio que aceleraría su devaluación para empatar la inflación. La actividad tendría una recuperación lenta con insistentes problemas en el empleo y la pobreza. Sería la continuidad del modelo "estanflacionario".

Así las cosas, la quita del capítulo fiscal de la ley Ómnibus redujo las herramientas para sanear las cuentas públicas, dejando una situación económica más frágil. El gobierno debe ingeniárselas para buscar otras costosas alternativas o bien mejorar su estrategia de negociación en el Congreso para lograr acuerdos y consensos.