La Argentina vuelve a vivir situaciones bien conocidas que se repiten periódicamente. Un ministro  de economía renuncia por su incapacidad de controlar la política monetaria y el gasto público. Y  en este caso, también como en instancias pasadas, se va porque no logra que el presidente le  dé el poder que necesita para controlar el banco central y la secretaría de energía. La renuncia  provoca caos porque no está claro el futuro de la política económica. El problema fiscal se impone  a un ministro otra vez y amenaza con derribar al gobierno. 

El país está inmerso en una crisis institucional que atenta contra la estabilidad del mismo  presidente. La debilidad del presidente es manifiesta por una alianza política de conveniencia en  la que quien llega a la presidencia lo hace con menos capital político que quien llega a la  vicepresidencia. Quien posee más capital político tiene un proyecto de estado gigantesco, que  agobia al sector privado con regulaciones e impuestos, incluido el impuesto inflacionario, y funda su poder en un gasto público prebendario con amigos y enemigos. Quien trata de gobernar, con  dudosa eficacia como se ve, atiende a necesidades de corto plazo tratando de estabilizar la  economía y el gasto. Pero eso es insuficiente. 

El déficit fiscal del gobierno nacional fue de más del 4.5% del PIB en 2021. El financiamiento  monetario fue 3.7%, aproximadamente el mismo nivel. Si bien estos dos agregados fiscales no  tienen que moverse necesariamente juntos, por la emisión de deuda, la relación entre ambos es  notoria. La política fiscal con excesivo gasto lleva al financiamiento del fisco con emisión,  generando inflación y problemas cambiarios que desestabilizan la economía y desalientan la  inversión, llevando a un estancamiento que agrava el problema fiscal, y reforzando así un círculo  vicioso. La solución de largo plazo, que es dolorosa en el corto plazo, es la racionalización del  gasto. Pero si bien dolorosa en el corto plazo, la racionalización del gasto es menos dolorosa  que el estancamiento crónico que es la alternativa. 

Alguien podría argumentar que el problema fiscal debe solucionarse por el lado de los ingresos,  es decir, con mayor recaudación. Sin embargo, la carga impositiva en el país ya es demasiado  grande comparada con otros países de la región y con países de similar nivel de ingreso. 

La recaudación del gobierno general, es decir gobierno nacional y provinciales, fue de más del  23% del PIB en 2020. Aun cuando los países de la OCDE recaudan más del 25%, el promedio  de Latinoamérica es menor al 17%. Sumando contribuciones jubilatorias, nuestro país recauda  31% del PIB. De nuevo, 3% menor al promedio de la OECD, pero 10% mayor que el promedio  latinoamericano. Durante la década que terminó en 2015, la recaudación creció 7% del PIB. Es  decir que podemos asignar al gobierno de esa década el exceso de presión tributaria que nos  separa hoy del promedio de nuestra región. En comparación con el promedio latinoamericano,  la recaudación es mayor en aportes jubilatorios, ingresos brutos, impuestos a las transacciones  financieras, retenciones, e impuestos a las propiedades y la riqueza. También comparando con  la región, el país tiene tasas impositivas más altas para el IVA y el impuesto a las ganancias para  empresas.

El tema fiscal debe ser abordado a nivel nacional, ya aproximadamente tres cuartas partes del  fisco es del gobierno nacional. Dado lo excepcional del 2020, las comparaciones interanuales  pueden ser engañosas. Consecuentemente, es mejor comparar el 2021 con el 2019. En 2021 el  déficit primario nacional fue 3% del PIB, 2.6% mayor que en 2019. La recaudación neta de  coparticipación fue del 18.2% en 2021, casi sin cambio con respecto a dos años antes. El gasto  primario, mientras tanto, fue 21.2% en 2021, y creció conmensuradamente con el déficit con  respecto a 2019. La nueva fórmula de indexación de jubilaciones permitió una reducción del  gasto de 0.6% en estos dos años, aunque se puede esperar mayor erogación en el futuro en  línea con los salarios del sector formal de la economía y las contribuciones a la seguridad social.  En estos dos años, el gasto primario creció por muchas causas, incluidos 0.8% relacionados con  el COVID, 0.3% en inversión pública y 0.9% en otros rubros incluidos planes sociales. Sin  embargo, el principal ítem de gasto que contribuyó al crecimiento fueron los subsidios, que  crecieron en 1.4% del PIB. No podemos sorprendernos que la incapacidad del ministro de  economía de controlar la secretaría de energía fue el detonante de una salida que generó tan  tremenda crisis institucional. 

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