Otra vez vemos repetirse la historia en nuestro país. Un ministro renuncia por la incapacidad de controlar el gasto. Básicamente, el presidente no lo apoya en el conflicto político perenne entre el ministro que custodia el tesoro y los ministros que gastan. Se temen las consecuencias políticas del ajuste, y se desestiman las consecuencias económicas de no ajustar, con sus naturales consecuencias políticas. Miopía política, combinada con ignorancia económica. No hay voluntad política de confrontar a quienes gastan. El ministro decide renunciar. El ministerio es un fierro caliente. No hay quien lo agarre. Aparece en escena como sucesora una persona que casi nadie conoce, sin capital político que perder, ni fortaleza para lograr nada. Y el conocimiento sobre la materia y un plan de acción también brillan por su ausencia. El caos se desencadena. El dólar se dispara, y la inflación se acelera. El presidente mismo está amenazado.

La realidad se impone. La restricción presupuestaria muestra su conexión con la realidad. La ciencia económica muestra por qué existe como tal. Los costos políticos de no ajustar se manifiestan y el ogro de la inflación se muestra más temible para la coalición gobernante que las amenazas de socios políticos que no quieren el ajuste. El gobierno se decide a decir que va a ajustar. ¡Muy bien! Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Todavía no sabemos si se decide a ajustar. Eso lo veremos sólo a fin de año cuando veamos el resultado fiscal, ya que bien sabemos que un gobierno puede anunciar medidas que ajustan algunas partidas y soltar el gasto en otras. Sabemos que se decide a decir que va a ajustar. Con la esperanza de calmar a los mercados, frenar la disparada del dólar y aminorar las expectativas inflacionarias. Y eso funciona. Al menos inicialmente. Ya que como el excesivo gasto es la causa de la inflación y del estancamiento, la racionalidad económica de un ajuste tiene un resultado positivo sobre los mercados y disipa el pánico. Pero no las preocupaciones.

¿Será duradera la política de ajuste? Porque para que se vean resultados económicos favorables, el ajuste tiene que ser duradero. Como un ajuste genera costos políticos que pueden tirar abajo a cualquier ministro, se necesita un ministro poderoso, respaldado por una coalición de gobierno estable. Y así entonces el gobierno, para hablar de ajuste con algo de credibilidad, se ve obligado a presentar un ministro que se presenta fuerte, con respaldo político y empresarial. Bueno, ese acto se cumplió, al menos en la medida de lo esperable. ¡Felicitaciones! Segunda cosa buena. Pero en la cancha se ven los pingos. Si el ajuste se da, tendrá oposición y costo político, y hay que sostener el conflicto e imponerse. ¿Podrá hacerlo el gobierno y su superministro? El marketing inicial funcionó, con apoyo tibio de la vicepresidenta, y apoyo mediático y de empresarios amigos. Una oposición desarticulada no es la amenaza, sino un quiebre de la coalición gobernante. Y el riesgo político es alto. Se habla de un aumento de tarifas residenciales en Buenos Aires de entre 100 y 200% para consumos no cubiertos por subsidio. El subsidio del gas es tal que requeriría una duplicación de la tarifa actual. Algo así no va a ser fácil de manejar políticamente.

El ministro anuncia medidas en varios frentes. Se anuncian ingresos adicionales de divisas a través de organismos internacionales, swap con China, liquidación anticipada de exportaciones. Eso trae alivio, pero se puede calificar como medidas paliativas y de efecto efímero. Se habla también de modificaciones en la política cambiaria. Eso puede traer resultados positivos, pero serán marginales. Los cambios en la gestión de deuda con una reciente colocación exitosa brindan una necesaria previsión de financiamiento. Sin embargo, la clave del programa del nuevo ministro es que se propone disminuir el gasto, y en especial los subsidios energéticos. Se habla de eventuales duplicación de tarifas. Aumentos de este nivel eliminarían la necesidad de subsidios. El año pasado los subsidios energéticos fueron U$S 11,000 millones. Se prevé que este año puedan ser U$S 15.000 millones, es decir a más de 3% del PIB. El aumento de las tarifas también reducirá el consumo y por ende también la importación de energía, mejorando la balanza de pagos. Este es un buen ejemplo en donde se ve la relación entre gasto público y déficit comercial, que afecta el precio del dólar, naturalmente. No siempre la relación es tan directa. El ministro en un momento propuso un 1% del PIB de reducción del gasto en subsidios para este año, algo similar al aumento esperado con respecto al año pasado. Un logro así sería verdaderamente un éxito. Esperemos que se concrete.

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