La fuente del estancamiento argentino es el excesivo gasto público, fenómeno que genera una alta presión tributaria y un excesivo endeudamiento. El excesivo endeudamiento provoca riesgos que, sumados a la alta presión tributaria, disminuyen la inversión. La insuficiente inversión genera estancamiento, disminuyendo la recaudación, y aumentando el tamaño de la deuda en relación con el producto bruto. El excesivo endeudamiento genera alto riesgo para los tenedores de deuda, por lo que el interés que el fisco debe pagar es altísimo, generando altos pagos de intereses y agravando el déficit fiscal. Como consecuencia, se financia el fisco con emisión monetaria, generando inflación. La inflación genera distorsiones que aumentan el riesgo y disminuyen la inversión, agravando el estancamiento. Los intentos de frenar la inflación con controles de precios generan más distorsiones, aumentando ineficiencia y riesgo, afectando negativamente la inversión, y agravando el estancamiento. Debido a la suma de riesgos, la inversión es baja y los ahorristas buscan invertir en el exterior o en divisas, aumentando la presión devaluatoria. Junto con la alta inflación, el tipo de cambio tiene que crecer aceleradamente, afectando las expectativas. Los intentos de combatir la inflación en sus efectos y no en sus causas, llevan a que el gobierno quiera frenar el aumento del tipo de cambio, disminuyendo las reservas del banco central, generando atraso cambiando, que mantiene importaciones por encima del nivel óptimo y exportaciones debajo de lo deseado. El atraso cambiario se hace pronto insostenible, generando recurrentes devaluaciones que aumentan el riesgo para los inversores, disminuyen la inversión, y aumentan el ahorro externo, agravando todos los problemas mencionados anteriormente.
Es decir que el excesivo gasto genera un desequilibrio fiscal, que genera desequilibrios monetario, externo y real. La solución duradera será reducir el gasto público. Pero alguien podría objetar, diciendo que la reducción del gasto público reducirá la demanda agregada, agravando el estancamiento. Sin embargo, ese temor es infundado. Es cierto que la baja del gasto público baja la demanda agregada, y que los efectos de corto plazo pueden traducirse en una baja en el nivel de actividad, pero después de un breve tiempo se verá la gradual mejora en todos los desequilibrios presentados anteriormente, y con un aumento de la inversión, se revertirá la caída. Alguien podría decir que es mejor invertir primero, generando el crecimiento que permitiría corregir los demás desequilibrios. ¿Pero quién habría de invertir? No hay perspectivas de algo así en la coyuntura actual. La salida razonable pasa por reducir el gasto. Pero alguien podría decir que es muy difícil. ¿Es posible? Quizás es relativamente más fácil en un contexto inflacionario, ya que el gobierno puede reducir el crecimiento nominal de ciertas partidas del gasto, reduciéndolas en términos reales.
¿Y cuáles partidas del gasto se pueden reducir? Hay mucha ineficiencia en el gasto público, y se pueden reducir todos los rubros sin duda. Pero podemos comenzar puntualizando algunos elementos de gasto que subieron en los últimos años. Desde el año 2018 al 2020, las transferencias corrientes al sector privado subieron casi 4% del PIB a un total de casi 9% del PIB. Revertir ese aumento ya hubiera puesto el resultado financiero del sector público consolidado, en superávit para 2020. Y estamos hablando del total que incluye gobierno central, provincias y empresas públicas. Las prestaciones de la seguridad social crecieron por casi 3% del PIB entre 2015 y 2020. Ahora en casi 12% del PIB tienen espacio para ser reducidas por similar monto a un valor que sólo contrarrestaría un crecimiento reciente. Estas partidas de gasto muestran que hay posibilidades reales de restablecer un equilibrio fiscal. La voluntad política pareciera no existir, pero quizás la realidad ayude a los dirigentes a proponerse lograr un equilibrio fiscal. Estas magnitudes no deben necesariamente revertirse en un año. Puede hacerse un ajuste gradual que empiece a reducir el gasto de una manera que permita aumentar la confianza y la inversión.
¿Son estas reducciones de gasto significativas desde el punto de vista de política? Sí, realmente lo son. Podemos compararlo con el endeudamiento neto de 2020, que fue un poco más de 7% del PIB, una cifra comparable al crecimiento observado en los últimos años en estas dos partidas de gasto. Los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional en 2022 son aproximadamente 5% del PIB. Es decir que la situación fiscal puede mejorarse significativamente atacando componentes de gasto fácilmente identificables, llevándolos a niveles de gasto similares a los observados hace no mucho tiempo. Esos ajustes son políticamente viables. Con ajustes nominales graduales se pueden aliviar significativamente las necesidades de financiamiento del fisco, permitiendo pagos parciales al Fondo Monetario que, junto con proyecciones de gasto decreciente, permitirán allanar un acuerdo. Un menor desequilibrio fiscal reducirá la presión inflacionaria y las necesidades de financiamiento externo, estabilizando el tipo de cambio. Un gasto público menor, con una menor inflación y una mayor estabilidad cambiaria ayudarán a restablecer la confianza y aumentarán la inversión, restableciendo el crecimiento en el mediano plazo.