Las crisis de deuda soberana se asocian con eventos de imposibilidad de pago de un conjunto  de pasivos del sector público, ya sea en moneda extranjera o doméstica, algo que, de ocurrir, se materializa en el default de la deuda, con efectos adversos sobre la economía. Las complejidades económicas se realzan cuando los mercados financieros y los deudores no logran coordinar posiciones, se reconfiguran expectativas de los agentes y se generan incentivos distantes a los  de un sendero estable de crecimiento macroeconómico, con posibles disrupciones de corto  plazo, es decir, se demarcan y activan tensiones no deseadas en el funcionamiento de la  estructura económica.  

Esos eventos se observaron en diversos países luego de la irrupción de la crisis financiera internacional de 2007-2008 y en la recordada crisis de deuda de la década de 1980 en nuestra  región. Si bien generalmente se asocian con deuda nominada en divisas, los peligros también se  presentan cuando las disrupciones de deuda son en moneda local, a lo que se alude cuando se  argumenta que la nominalidad de los stocks y flujos también importa. Indudablemente es  contexto dependiente. En todos esos casos las economías tienen que reconfigurar decisiones  de política e implementar programas de estabilización de los que previamente eran reticentes en  aras de evitar el traslado hacia una morfología macroeconómica no sustentable. Mucho de esto  ocurre actualmente en nuestro país.  

El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica no solo evitar un  evento de default con el organismo, sino también varios objetivos, por cierto esperables, para  dar inicio a un proceso de sustentabilidad macroeconómica. Dos de esos objetivos, de gran  vinculación y a la vista de los hechos de gran dificultad, son la disminución gradual del  financiamiento al sector público por parte del Banco Central y la convergencia a un equilibrio  fiscal primario en el período 2022-2024. Esto implica desafíos importantes para el gobierno,  principalmente en materia de financiamiento, que pueden transformarse en mayores  complicaciones o, contrariamente, en un corredor de estabilidad de largo plazo, como aludiría el  prestigioso economista y académico A. Leijonhufvud en Information and Coordination: Essays in  Macroeconomic Theory (1981).  

El financiamiento en moneda local tendrá restricciones en términos de tasas de interés ante un  panorama inflacionario creciente. Si la gestión económica convalida una suba nominal de tasas  con el objetito de tasas reales positivas tal como lo anunció el ministro Guzmán, el peso de los  servicios de la deuda y capital en el esquema presupuestario del gobierno será creciente, es  decir, implicará destinar mayor recursos fiscales para afrontar esos pagos en moneda doméstica.  En efecto, un mayor volumen de necesidad de financiamiento en un escenario de alta inflación  se traduce en un peso sustancial para las cuentas fiscales, generando la reversión hacia déficits  fiscales y un potencial incremento del riesgo de pago, es decir, los ingresos fiscales tendrán  dificultades para afrontar los pagos de deuda, conformando riesgo de incumplimiento de deuda  interna. Adicionalmente, en ausencia de un programa de estabilización, la incertidumbre afecta  los incentivos de los agentes económicos para sostener la actividad y un eventual proceso de  desinflación. En ese contexto, la probabilidad de mayor inflación no es menor, las tasas de interés reales serían negativas y la irrupción de una devaluación de la moneda para licuar pasivos sería  una de las opciones de política ante la posibilidad de un default en moneda doméstica.  

Por otro lado, el panorama macrofinanciero puede situarse en un espacio de recuperación y  crecimiento. El anuncio de un programa macroeconómico de estabilización principalmente sobre  la inflación debería modificar expectativas y su eficacia dependerá de la confianza y la cohesión  social. Las experiencias de estos programas se asocian con una recuperación de la actividad en  el corto plazo y, posteriormente, la apertura a la inversión privada. Un inicio de desinflación y el  sostenimiento de la actividad generaran ingresos fiscales y, por lo tanto, una menor fragilidad  financiera del sector público. En este caso evitar la apreciación real de la moneda será otro  elemento determinante para eludir una nueva crisis del sector externo. A su vez, un programa  productivo con inclusión deberá ser otro objetivo, en efecto el proyecto de Productividad Inclusiva  del IAE y la Universidad Austral se centran en esos aspectos (ver más información aquí). Muchas  experiencias internacionales lograron programas de estabilización y crecimiento precedidos de  alta inflación. De hecho, el régimen de Convertibilidad fue un plan exitoso en términos de eliminar  la inflación crónica desde la década de 1970. 

Por lo tanto, se plantean dos horizontes para la gestión económica. Uno de ellos (no esperado por nadie) es conducente a un potencial default de deuda local que puede determinar una nueva crisis macroeconómica fuera del corredor estable. El otro horizonte se asocia con el inicio de sostenibilidad pero que demanda un programa creíble que cohesione a la sociedad en su conjunto lo cual principalmente es responsabilidad de la gestión política y económica.