El proyecto de ley para gravar la renta inesperada es prioridad en la política de gobierno. La discusión presenta una oportunidad para revisar la política fiscal, la recaudación y el gasto en la gestión actual. 

Si bien al comienzo de la gestión el gobierno aumentó el ingreso fiscal por mayores retenciones al agro, compra de dólares (PAIS) y mayor impuesto a los bienes personales, lo que contribuyó en ingresos adicionales del 1.25% del PIB, este aumento no es suficiente para contrarrestar el aumento del gasto. Ya en la argumentación del mayor ingreso se presentaba la necesidad de  mayor gasto social por medio de la tarjeta alimentaria y de bonos para jubilados y beneficiarios  de programas sociales. Es decir, de hecho, la motivación no era mayor solvencia fiscal sino  mayor nivel de participación del estado en la economía. Esta mentalidad es el mayor problema  de filosofía política que tenemos en el país y que subyace al problema fiscal, que a su vez es la  causa de la inflación y del estancamiento económico. 

Cuando el estado es muy grande, intermedia en las actividades económicas excesivamente, reduciendo el dinamismo de la economía, ya que los emprendedores tienen un rol menor y los  criterios de eficiencia pierden importancia. Los criterios más importantes pasan a ser los del estado, que suele despreciar el esfuerzo y el talento, y burocratiza la actividad económica,  cuando no la dilapida como botín de una política corrupta. Un estado más grande lleva a menor  ahorro, menor inversión, y menor productividad con el consecuente estancamiento. Como la  economía no crece, aumentan las demandas sociales, y así el gasto público, y con él la presión  tributaria, reforzando la menor inversión. Eventualmente, el déficit fiscal lleva al financiamiento espurio por emisión, que conduce a la inflación. El problema se refuerza y se agrava. 

¿Pero no es bueno alimentar al pobre y dar subsidios a los necesitados? Sí, claro. Pero no en la  medida en que el necesitado termina trabajando menos de lo que debería, ni en una medida en  que disfrazado de política social encontramos gasto político y favoritismo partidario. Y  lamentablemente hay mucho de eso en nuestro país. La solución es reconocer que el gasto  social no debe debilitar el esfuerzo personal ni el incentivo a trabajar. Y tampoco debe ser  politizado. Lamentablemente en nuestro país, el gasto es excesivo, debilita el incentivo a trabajar,  y está excesivamente politizado. 

Sabemos que en 2020 el gasto público creció además por las políticas en respuesta a la  pandemia, lo que significó para el presupuesto un incremento de gasto de cerca del 4% del PIB.  Debemos recordar que parte del gasto público fue generado por las restricciones a la actividad  económica impuestas por el gobierno. Está claro ahora que los gobiernos de todo el mundo se  excedieron en su respuesta con restricciones excesivas que eran ilegítimas y que además fueron  perjudiciales para la población. Entre los perjuicios, si bien no los más importantes, debemos  contabilizar aquellos que son económicos. Consumo e inversión que nunca se recuperarán, con  las consecuentes pérdidas de bienestar para la población y su reflejo en las pérdidas financieras,  y con el saldo negativo en las finanzas públicas, que sufrieron con menor ingreso, mayor gasto,  y los consecuentes mayores niveles de inflación y deuda.

El año pasado observamos algunas iniciativas adicionales para aumentar la recaudación. El  aporte solidario extraordinario contribuyó 0.5% del PIB a las arcas fiscales, y otras iniciativas de  menor impacto, como cambios en impuestos a las ganancias y monotributo, se espera que  sumen otro 0.1% del PIB. Sin embargo, estas iniciativas verán mitigado su impacto en el déficit,  entre otras razones, por incrementos en la inversión pública en infraestructura de cerca del 0.3%  del PIB. En total, el gasto primario ha subido 2% del PIB desde 2019, mientras la recaudación se  mantuvo relativamente constante. 

Se puede argumentar que parte del problema fiscal proviene de la alta evasión fiscal. Es cierto  que la Argentina tiene un alto nivel de evasión comparado con países similares. Mientras en  Uruguay y Chile la evasión del IVA es menor al 20%, en nuestro país es mayor al 30%. La evasión  del IVA se estima en cerca del 3.5% del PIB. La evasión es alta también para los demás  impuestos cuando es comparada con otros países latinoamericanos y emergentes. ¿Cuáles son  las causas de la evasión? Podemos enumerar algunas: problemas administrativos, alta  complejidad de los impuestos, frecuentes moratorias, e ineficiencia en el gasto. Esta última causa  es muy importante porque, junto con el alto nivel de gasto, quita legitimidad a los impuestos y  debilita el cumplimiento. 

En conclusión, la solución al problema fiscal argentino no es con mayor recaudación, ya sea con  menor evasión o con nuevos impuestos o más altas alícuotas. Si bien la evasión debe ser  combatida y eliminada, a medida que la evasión se reduce, el sistema impositivo debería  racionalizarse para hacerlo más eficiente y justo. El país necesita un nivel de recaudación más  bajo, que de mayor espacio a la iniciativa privada. Es decir, la solución al problema fiscal tiene  que venir con una reducción del gasto.