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Aunque el corto plazo puede traer volatilidad y un impacto inflacionario adicional, el resultado dependerá en buena medida del punto de equilibrio que alcance el tipo de cambio —si se estabiliza en niveles intermedios, como $1.200–1.250, el ajuste podría ser más transitorio— y de la respuesta social al nuevo escenario de precios. El programa financiero otorga liquidez y tiempo, pero el verdadero desafío será sostener la confianza, máxime en un año electoral y perdiendo el principal activo político de la actual gestión: la desinflación. La eliminación parcial del cepo representa un cambio de régimen significativo, y la decisión de priorizar la consistencia macroeconómica por sobre los tiempos políticos marca un punto de inflexión para la economía argentina reciente.
Bandas cambiarias y fin del cepo para personas humanas
El nuevo régimen cambiario abandona el crawling peg del 1% m/m –o devaluaciones mensuales anunciadas– y pasa a un sistema de flotación “sucia o administrada” dentro de bandas móviles, con un piso de $1.000 y un techo de $1.400 por dólar, ajustables mensualmente en ±1%. Dentro de ese rango, el tipo de cambio flotará, con posibilidad de intervención del BCRA sin esterilización. En los extremos, la autoridad monetaria comprará o venderá divisas para acumular reservas o absorber pesos.
El nuevo marco también elimina el esquema de dólar blend para exportadores, y levanta el cepo para personas humanas: se elimina el límite mensual de USD 200, junto con las percepciones impositivas (salvo para turismo y tarjetas). Las importaciones de bienes y servicios que antes podían pagarse a los 30 días ahora lo pueden hacer al contado. Para las empresas, se habilita el giro de dividendos generados desde 2025, mientras que se ofrecerá una nueva serie de bonos BOPREAL para atender pasivos anteriores.
Meta de reservas netas
El nuevo marco cambiario tiene como objetivo central la recomposición de las reservas internacionales netas (RIN). El acuerdo con el FMI establece metas trimestrales para 2025 que, bajo el escenario base, implican una acumulación de USD 8.900 M hasta fin de año. El objetivo es cerrar 2025 con un stock positivo de USD 1.600 M, partiendo de un nivel actual negativo de USD 7.300 M.
Sin embargo, estas metas podrán ajustarse si los desembolsos de organismos multilaterales y bilaterales no se concretan en los montos previstos. Puntualmente, si los ingresos por financiamiento general (excluyendo préstamos de proyecto y del propio FMI) se ubican por debajo de los USD 5.173 M proyectados para todo el año, las metas de RIN se reducirán en forma proporcional, con un tope de ajuste de hasta USD 4.000 M.
En la práctica, esto implica que, neto del financiamiento externo, el BCRA deberá acumular al menos USD 5.000 M a través de compras en el mercado. Ese esfuerzo estará concentrado en el segundo y cuarto trimestre, con un ritmo estimado de USD 1.400 M hasta junio y USD 4.000 M en el último trimestre del año.
Desembolsos y nuevo cronograma con el FMI
El nuevo acuerdo con el FMI prevé un desembolso inmediato de USD 12.000 M, seguido por otros USD 3.000 M en 2025. A estos se suman USD 3.600 M netos del BID y el BIRF, y una facilidad repo en negociación con bancos por hasta USD 2.000 M. En total, se esperan USD 19.600 M en los próximos 60 días y USD 3.500 M adicionales en el segundo semestre. El total de liquidez externa proyectada para 2025 asciende a USD 23.100 M, más una extensión del swap con China por USD 5.000 M.
El nuevo programa reemplaza el anterior stand-by y extiende el plazo de repago hasta 2034.
Un programa monetario basado en agregados
El nuevo régimen monetario se basa en el control de agregados, con el M2 privado transaccional como objetivo operativo principal. Este indicador —que incluye efectivo en manos del público y depósitos a la vista no remunerados del sector privado— se convierte en la variable clave, con metas trimestrales definidas como el promedio del tercer mes de cada trimestre.
Aunque la tasa de interés deja de ser el ancla nominal, sigue cumpliendo un rol importante: ayuda a sostener la demanda de pesos y a contener expectativas, especialmente a través de tasas reales positivas derivadas de mayores encajes. Esto se traduce en una política monetaria más contractiva sin necesidad de fijar una tasa explícita.
El esquema se complementa con metas sobre los activos internos netos (AIN) del BCRA —la diferencia entre base monetaria y reservas netas— que sirven como ancla adicional para asegurar la coherencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. Además, se prohíbe la emisión para financiar al Tesoro o pagar intereses de pasivos remunerados, lo que refuerza la disciplina monetaria.
Impactos macroeconómicos esperados (primera lectura)
El nuevo régimen cambiario traerá efectos inmediatos sobre precios, actividad y flujos financieros. Se espera una devaluación inicial moderada, necesaria para estimular la liquidación de exportaciones. Aunque el tipo de cambio podría superar niveles actuales en un primer momento, luego tendería a estabilizarse a medida que ingresen dólares de la cosecha y se consolide la confianza.
Este ajuste tendrá un impacto inflacionario transitorio. Un salto cambiario del 10% podría sumar unos 5 puntos porcentuales a la dinámica de precios en los primeros meses. Un ajuste cambiario inicial en el orden del 10% podría trasladarse a precios con un impacto adicional cercano al 5%, llevando la inflación a niveles de 5,2% m/m en abril y 6/7% m/m en mayo. Si ese shock se mantiene contenido, la dinámica desinflacionaria debería retomar en los meses siguientes y que hacia octubre los registros mensuales converjan nuevamente en torno al 2,0% m/m, cerrando el año en torno al 40% i.a.
La eliminación del dólar blend canaliza la demanda al mercado oficial, reduciendo la presión sobre los dólares financieros y achicando la brecha. A nivel sectorial, el reacomodamiento de precios y tasas afectará en el corto plazo al consumo y a la inversión. Pero a mediano plazo, el levantamiento parcial del cepo y un esquema más previsible podrían favorecer la llegada de inversiones, en especial en sectores exportadores que venían afectados por la apreciación.
Reformas estructurales: privatizaciones, desregulación y rediseño institucional
El programa incluye un conjunto de reformas estructurales que apuntan a rediseñar la arquitectura del sector público. Entre ellas se destacan:
- La privatización de empresas públicas bajo la Ley 27.742, con hoja de ruta y criterios de transparencia (noviembre 2025).
- Eliminación de fondos fiduciarios, salvo el de gas residencial (diciembre 2025).
- Reforma del sistema tributario (propuesta a diciembre 2025) y del sistema previsional (informe al Congreso en 2026).
- Reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal (también prevista para 2026).
- Desregulación del mercado eléctrico mayorista (noviembre 2025).
- Integración de registros sociales con apoyo del Banco Mundial, y expansión del sistema e-SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera) junto al BID.
Estas medidas buscan dar sustento institucional y operativo a un programa que combina ajuste fiscal, desinflación por vía monetaria y apertura paulatina del mercado cambiario. La efectividad del nuevo régimen dependerá, en gran medida, de la coordinación entre estos frentes y de la velocidad con la que se logre recomponer la confianza.
