La caída de la actividad económica aún demanda el accionar expansivo de la política fiscal pero comienzan a presentarse mayores limitaciones en lo monetario. Las tensiones en el mercado monetario debe ser observada como una necesidad de ajuste y estabilización del desempeño fiscal.
El poder ejecutivo presentó el Presupuesto 2021 con previsiones de estabilización inciertas. Las proyecciones del gobierno prevén reducción del déficit primario a la mitad del resultado fiscal de este año.
Resumen
• La continuidad de la expansión de contagios, la extensión del confinamiento y la consecuente caída de la actividad económica representan un fuerte condicionamiento para el Tesoro Nacional que demanda el sostenimiento de la asistencia del Banco Central.
• La fragilidad fiscal tiende a intensificarse debido a la disminución de los recursos fiscales y a la necesidad de mantener un alto nivel de erogaciones de gastos sociales permanentes.
• El Gobierno proyecta, a través del Presupuesto Nacional 2021, un conjunto de metas macroeconómicas para el año próximo con una inflación alrededor del 29%, crecimiento económico de 5,5% y un déficit fiscal de 4,5% del PIB.
• El poder Ejecutivo ya inició un proceso de diálogo con el FMI en relación a los trabajos técnicos por la deuda de U$S 44.000 millones. Este proceso demandará establecer un programa económico de estabilización y crecimiento.
• La recaudación impositiva de agosto de 2020 totalizó $612.146 millones aumentando 33,5% respecto de agosto de 2019. Nuevamente y luego de dos años consecutivos, el aumento nominal fue sustancialmente menor al aumento de precios del mismo período.
• La caída de poder adquisitivo de la recaudación tributaria fue del orden del 7% interanual. El deterioro del poder adquisitivo es un factor potencialmente de profundización del déficit fiscal por esto la necesidad de estabilizar la dinámica de los precios.
• Una medida sobre la oferta agregada es el programa anunciado por el Ministerio de Producción para el financiamiento del sector industrial por $455.000 millones con tasa de interés subsidiada.
• Las provincias continúan siendo asistidas parcialmente por el fisco nacional lo cual generó un crecimiento interanual acumulado inédito de las transferencias corrientes a provincias de 222% en el período enero-julio 2020.
Desarrollo
• El impacto de la pandemia sigue presionando el desempeño de las cuentas públicas nacionales y provinciales. Si bien la necesidad humanitaria argumenta el confinamiento, es determinante el inicio de un proceso de mayor administración y dinámico. Los costos fiscales derivados evidencian un peso relativo importante para las cuentas fiscales y la estabilidad de la economía.
• El sector público nacional se enfrenta a desafíos derivados de la cuarentena como principal instrumento de gestión. La continuidad de la expansión de contagios, la extensión del confinamiento y la consecuente caída de la actividad económica representan un fuerte condicionamiento para el Tesoro Nacional que sostiene la demanda de la asistencia financiera del Banco Central.
• La fragilidad fiscal tiende a intensificarse debido a la disminución de los recursos fiscales y al establecimiento como un factor permanente del alto nivel de erogaciones de gastos sociales. Sin una recuperación económica real no se generará el crecimiento esperado de los recursos fiscales lo cual debe observarse como un factor negativo para la estabilización de las expectativas de precios de la economía.
• Si bien se intenta gestionar acciones monetarias para absorber el excedente monetario y que no se canalice en una mayor dolarización de activos, la continuidad de las restricciones sobre la actividad es un elemento desfavorable ante el objetivo de tranquilizar la economía.
• La dominancia fiscal se debería observar como una gestión de carácter temporal que responde al contexto sanitario. El camino a la pospandemia, el impulso del gasto y los recortes impositivos deberán desactivarse para evitar eventos de iliquidez y dinámicas de precios que establezcan a la economía en una nueva crisis.
• El Poder Ejecutivo proyecta, a través del Presupuesto 2021, metas macroeconómicas que aluden a una recuperación del crecimiento económico y a una fuerte disminución del déficit fiscal primario. Durante el año próximo la inflación se situará en torno al 29%, el crecimiento económico se establece en 5,5% y el déficit fiscal será 4,5% del PIB.
• El Gobierno informó un plan de financiamiento para el sector industrial mediante distintas líneas financieras pero con el objetivo común de dinamizar ese sector de la economía. Los créditos para las empresas se relacionan con el financiamiento comercial e inversiones por $455.000 millones con tasa subsidiada y a un plazo de 10 años. Se destacan el financiamiento de $2.500 millones a tasas bonificadas e incentivos fiscales para proyectos de adopción de tecnologías 4.0 y también los Aportes no Reembolsables (ANR) del Ministerio de Desarrollo Productivo por hasta un 70% del proyecto de inversión o bonificación de hasta 10 puntos de tasa a empresas que inviertan en bienes de capitals o desarrollos de productos.
• El poder Ejecutivo anunció gestiones con el FMI para dar comienzo a los trabajos técnicos en aras de renegociar los pasivos por U$S 44.000 millones lo cual, a diferencia del acuerdo con acreedores privados, demandará establecer un programa económico de crecimiento y sostenible a los efectos de generar liquidez para los pagos futuros.
• La recaudación impositiva totalizó $612.146 millones durante el mes de agosto, aumentando 33,5% de forma interanual. Nuevamente y luego de dos años consecutivos, el aumento nominal fue menor al aumento de precios del mismo período.
• Se registra una nueva caída del poder adquisitivo de los ingresos del sector público nacional en 7%. Esto vuelve a plantear un elemento de mayor deterioro para la política fiscal la cual necesita ampliar su espacio de gestión anticíclica.
• Otro factor negativo en el desempeño de las cuentas fiscales nacionales es la necesidad de financiamiento que presentan las provincias. Si bien en gran parte de las provincias hay una mayor apertura económica, el sesgo contractivo de la pandemia y su administración, estableció un fuerte deterioro de la recaudación de ingresos y alto nivel de erogaciones con el objetivo de matizar la retracción de la actividad privada. Esa dinámica determinó que durante el período enero-julio 2020 se registre un crecimiento interanual acumulado inédito de las transferencias corrientes a provincias del orden de 222%.