El gasto público excesivo es la principal fuente de problemas económicos en nuestro país. Debe ser la prioridad de cualquier gobierno prudente el cortar el gasto todo lo posible para reducir desequilibrios en la economía, aumentar la inversión privada y el crecimiento y recoger los frutos de la eficiencia que otorgan los mercados al uso de los recursos. El problema habitual del gobernante que quiere recortar el gasto es la oposición de los intereses creados que se benefician con el gasto actual. Y dicha oposición generalmente está bien organizada y dispone de mecanismos de presión. Dicha presión, logra muchas veces desestabilizar políticamente a los gobiernos que recortan el gasto, por lo que, aún gobernantes prudentes, muchas veces temen lanzarse en una cruzada por la responsabilidad fiscal. 

Es natural que muchas veces sea inteligente el tener un manejo oportunista que busca recortar gastos en la medida de lo posible según aparecen oportunidades. Y ahora estamos frente a una. Es bien sabido que la desestabilización que proviene de protestas en la calle depende del humor social. Un momento de gran alegría popular permite bajar el gasto porque mucha gente estará menos enojada. Por otra parte, toda la conversación social pasa por temas futbolísticos y será mucho menos lo que se discuta de política económica. Además, la prensa se ve obligada a cubrir los temas del mundial y todo lo relacionado a sus protagonistas, reduciendo la exposición mediática de las medidas económicas. Por último, inclusive los funcionarios de gobierno están sin duda prestando más atención al tricampeonato más que a cualquier asunto de política. Este es un momento ideal para bajar el gasto. ¿Creen ustedes que el gobierno aprovechará la oportunidad como lo haría un goleador?

Por supuesto que no. Para eso se necesitan: i) una mente clara; ii) la resolución de un estratega; iii) el compromiso con el bien común y la responsabilidad fiscal propias de un estadista; y iv) la velocidad de Messi. Y nada de eso parece estar dotando al gobierno que nos supimos conseguir.

El programa con el Fondo Monetario Internacional establece una meta de déficit fiscal primario de 2,5% del PIB para 2022 y una reducción muy menor de sólo 0,6% para llevarlo a 1,9% en el año próximo. Existen muchas oportunidades para reducirlo más de lo acordado. El gasto salarial está previsto en el mismo nivel de 2,9% del PIB, y como bien sabemos existen muchas ineficiencias en el gasto salarial en donde existen gran cantidad de empleados que sirven una función política o prebendaria que fácilmente pueden racionalizarse. El gasto en bienes y servicios está previsto que se incremente en 0,1% del PIB. Este incremento no es grande, pero es obvio que las oportunidades de racionalizar el gasto de compras están presentes y el gobierno debería reducirlo más que aumentarlo. El gasto de capital también está previsto que aumente en el mismo monto de 0,1% del PIB. Recordemos que existen muchas causas de corrupción de funcionarios relacionadas con la obra pública. Es fácil recomendar una reducción en este tipo de gasto, más que un aumento. Y en el mismo monto se proyecta un aumento del 0.1% del PIB de otros gastos corrientes. En este caso, dado que es un componente de menor monto, el incremento representa un 20% de aumento en las erogaciones, cosa que hace ver que tenemos aquí otra oportunidad para la reducción del gasto.

Afortunadamente tenemos un 1,3% del PIB previsto en reducción del gasto para 2023. Eso es muy loable. Los componentes principales son una reducción de la asistencia social de 0,7% del PIB, una reducción de los subsidios de 0,5% del PIB y una reducción de las jubilaciones de 0,2% del PIB. Recordemos que la asistencia social es sumamente ineficiente en su asignación y está muy politizada, con duplicación de beneficios en muchísimos casos. También es importante notar que el gasto en jubilaciones constituye más del 35% del gasto del sector público nacional, y debe ser un objetivo de largo plazo el reducirlo. Esta reducción del gasto se traduce en un menor déficit, cosa que reduce el desequilibrio fiscal y las presiones inflacionarias, y libera más recursos para el sector privado, que es más eficiente en la asignación de recursos que el estado. Se proyecta una reducción de los ingresos públicos de 0,8% del PIB. Si bien se espera un aumento de 0,1% del PIB en las cargas de la seguridad social, se proyecta una reducción de la recaudación impositiva de 0,2% del PIB, cosa que permite un alivio al contribuyente. Es notable la reducción de los ingresos no tributarios del 0,7% del PIB. Es importante notar que esta reducción de los ingresos no tributarios es artificial porque los ingresos del año 2022 incluyen ingresos por la emisión de títulos públicos ligados a inflación, que a partir de 2023 se contabilizarán como financiamiento, como lo recomienda el Fondo Monetario.

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