El tratamiento de la inflación despierta cierta ambigüedad. Por un lado, nos encontramos ante un panorama que expone de manera creciente los efectos perversos del aumento sistemático del nivel de precios sobre la economía real, lo cual otorga siempre un sentido al abordaje del tema. Por el otro, el enfoque mostrado por las autoridades confunde: la obsesión en el control de precios es una técnica de dudosa eficacia a lo largo de la historia y del espacio de los países. Es cierto que el Ministro Guzmán percibe el problema con raíces macroeconómicas, pero desde el Ministerio de la producción se la ataca con métodos a la Moreno y Kiciloff.

El Fondo Monetario Internacional, en su informe “Panorama Económico Mundial”, expuso el ranking mundial de niveles de inflación: se aprecia que Argentina se encuentra en el reducido grupo de países con muy alta inflación. 180 naciones prácticamente están en un dígito anual y solo 15 por encima. La inflación, salvo para nuestro país y unos pocos más, es cosa del pasado.

La principal causa -junto a otros factores- del elevado nivel de inflación está a la vista: la utilización por parte del gobierno de la política monetaria para financiar los déficits fiscales a lo largo de los años, cuando empezó a recrudecer el fenómeno. De acuerdo con la visión monetarista, la tasa de crecimiento interanual de la base monetaria es un factor considerable para explicar la inflación futura, y en especial con la realidad bimonetaria argentina, donde la gente no quiere  atesorar los pesos y busca el billete verde como resguardo de valor. El Banco Central aumentó su ritmo de emisión de billetes en los meses del IFE y del ATP. El rasgo más llamativo de lo ocurrido, fundamentado en la emergencia social y el confinamiento obligatorio, consiste en que la base monetaria se estuvo expandiendo a una tasa superior a la correspondiente al nivel de crecimiento nominal (dado por la inflación más el nivel de actividad) de la economía.

Resulta al menos preocupante la falta de medidas de política económica tendientes a dar una solución permanente y estructural a la problemática inflacionaria desde el rodrigazo del 75', con la sola excepción de la Convertibilidad (que fracasó en otros frentes y ha quedado desprestigiada como régimen ideal cambiario). En cambio, se recurre de manera asidua a medidas arbitrarias y cortoplacistas como ser la artillería de crecientes controles de precios. En rasgos generales, sabemos que el nivel de inflación se encuentra comprendido en el rango de 40% a 60% para el 2021, pero carecemos de la certeza, o al menos de un anuncio oficial creíble, que indique exactamente qué nivel de inflación esperar. Así, la distorsión de la estructura de precios relativos inherente a este proceso se ve agravada, como es típico en contextos de inflación. En este entorno, los precios de los bienes carecen de significación y el dinero pierde su carácter de depósito de valor y de unidad de cuenta.

De un tiempo a esta parte, los efectos de la inflación se han hecho sentir sobre la economía real. La creciente incertidumbre a la que la misma ha dado lugar, ha redundado en una reducción significativa en la tasa de inversión respecto al PIB. El tipo de cambio real también se ha visto deteriorado y, pese a haberse tomado medidas proteccionistas y cuestionables que han intentado reducir las importaciones, el saldo de la balanza comercial ha empeorado con el correr del tiempo.

La continuidad de la actual política que impulsa Guzmán es valiosa en términos generales (al menos la que él declama), aunque la política lo condiciona. Es necesario que a mediano plazo, después de las elecciones, se adopten medidas que la incorporen como un problema serio al cual hacer frente, siendo primordial revertir la política monetaria expansiva encarada por el Banco Central. De continuar los déficits fiscales y la utilización de emisión del BCRA para financiarlos, la inflación seguirá creciendo, generando además expectativas devaluatorias que agravan la cuestión.

La inflación creciente desde abril del año pasado de 1% mensual a 4% mensual de los últimos meses pone a la economía en el serio riesgo de perpetuarse en el proceso conocido como estanflación (situación que conjuga una recesión económica con un aumento acelerado de los  precios).

De proseguir una política monetaria por la misma senda de crecimiento del último mes, se puede esperar que la situación se agrave. En particular, para bajar la inflación es necesario reducir la tasa de crecimiento de la emisión monetaria, abrir más la economía, dar un sendero razonable en la tasa de interés, reducir el déficit fiscal y aumentar la oferta de bienes y servicios.